La resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente para avanzar con el proyecto hidroeléctrico generó reacciones encontradas. Cuestionan la validez del proceso. Advierten por el impacto irreversible en el ambiente.

Para algunos, ya se hizo todo lo que había que hacer. Para otros, los vicios son evidentes. Los primeros dicen que los procedimientos previstos en la normativa vigente se cumplieron. Los segundos, que los pasos dados fueron pour la galerie. Aquellos esperan inversiones (se habla de unos u$s 4.500 millones). Estos, un fuerte impacto ambiental.

 

La resolución conjunta de los ministerios nacionales de Energía y Ambiente, que aprobó las obras para los “aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz” (represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pública de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasan Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.

 

“La Resolución Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales”, enmarcan.

 

En su momento, amplía Héctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).

 

“En atención a la medida cautelar, el Estado nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos”, agrega.

 

Forma y fondo

 

Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resolución, “los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública”. Allí, dice, “la sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto”. La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada. “La participación ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades”, contrasta.

 

El director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatiza que la resolución “de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma”.

 

Pasos

 

“El Gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energética argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas tanto nacionales como chinas listas para comenzar a trabajar”, dice Tavarone. “Las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) demuestran el enorme interés por llevar adelante estas obras”, agrega.

 

Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, “deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras”.

 

Fernández disiente. “El EIA fue concebido como un mero obstáculo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un análisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones”, denuncia.

 

No se evaluó el impacto ambiental del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias, el análisis de alternativas de proyectos, la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica, enumera.

 

Tampoco se analizó el proceso de “sismicidad inducida”, no se completaron las tareas de rescate arqueológico, no se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático, añade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patagónico Sur, hecho que encendió el alerta en la comunidad glaciológica internacional, abunda.

 

Desde FARN coinciden. “El proyecto para la construcción de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitación”, dicen. En su explicación aparecen tres licitaciones, los nombres Lázaro Báez y Cristóbal López, Electroingeniería y la afectación irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se llegó a la Corte Suprema, que había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. “Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto”, acusa Nápoli. Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, señala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resolución conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la audiencia pública por la quincena de participantes que apoyaron el proyecto, indicando que la mayoría de los participantes se pronunció en contra.

 

“Una audiencia pública no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideración. No hay votación ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias públicas no son ni podrían ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobará, desechará o modificará el proyecto en cuestión”, redondea.

 

Empresas cuestionadas

 

Las firmas que van a desarrollar la obra, advierten desde FARN, son Electroingeniería, “sin ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas”, y Gezhouba Group Corporation, “empresa china que ha sido sancionada por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas”.

 

Desde Aves Argentinas acompañan el informe de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que resume los errores encontrados en el proyecto. Entre ellos: el EIA impugnado fue elaborado por EBISA, sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía (99%) y Nucleoeléctrica Argentina (1%). Su presidente, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto.

 

“Los daños ambientales que ocasionará la obra no son susceptibles de mitigación ni compensación”, alerta la coalición. Son “permanentes e irreversibles”.

 

Fuente: El Cronista