No es novedad que el concejal Rubén Martínez, ladero del intendente de Caleta Olivia Facundo Prades, juega a rozar lo delictivo. Varias acusaciones y cruces tuvo con dirigentes de la ciudad y siempre niega todo lo que se le acusa. En las últimas horas apareció y se difundió en las redes sociales, un audio en el cual el edil le habla a las personas que se encuentran usurpando casas. Una de las contundentes frases es que el “se pasa a la justicia por entre medio de las patas” y que “no le importa respetar las leyes”. Esta reunión se dio con distintas familias de los planes 187 y 62 viviendas que se encuentran usurpando hace casi un año. 

Esta clara evidencia de incitar políticamente a las usurpaciones siendo edil de la ciudad, no solo roza lo delictivo sino se debería tomar drásticas decisiones por incitar a violar el artículo 181 del Código Penal. Durante el audio se lo escucha claramente incitando a los ocupantes a “resistir” el desalojo, garantizando la vivienda y afirmando: "Yo les garantizo que si yo les pongo una familia ¡¡ minga los van a echar!! ¿Me entienden?".

Por otro lado afirma los rumores en los cuales se decía que tanto el concejal como el intendente Prades habían mandado a usurpar las viviendas en vísperas electorales. En una parte del audio, Martínez afirma: “Ustedes entraron en acuerdo antes de las elecciones en octubre que era el día de la madre, si hubiese querido actuar la justicia en un mes tiene que actuar, ya llevan 9 meses y diría 10” continua. 

Mediante amenazas y amedrentamientos, el edil de Integración Ciudadana afirma en el audio “…me gane enemigos cierto sector del pueblo, me calienta cinco pelotas eso porque yo sé que ustedes vienen por una necesidad aquí, pero ese día que no fueron a la sesión me dio por las bolas, me dio bronca, dejemos la cama calentita un día y vayamos, pero no quiero que vayan al choque con el otro sector, los demás si los agreden ustedes cállense la boca, me entienden, cuando vean a todos ahí yo les voy a decir vos lo votas en contra yo te voy a mandar toda esa gente a tu casa, que vayan a vivir a tu casa…” afirma Martinez. 

Ante el posible desalojo de las viviendas usurpadas, el integrante del cuerpo deliberativo de Caleta Olivia afirma: “yo la hago cortita, ellos son drásticos yo les voy a dar con la misma medicina. Y si llegan a reprimir tranquilos ustedes, sin agresión, sin palos, simplemente hay que abrazarse; no vayan al roce ni me puteen a las autoridades, se enteran que están, tiene que ir todo el malón para allá” continuo. 

Una vez más, Caleta Olivia se encuentra en manos de personas que incitan a la violencia y a la delincuencia. El concejal Ruben Martinez, no le importa que haya personas que están esperando esas viviendas y que, por puntaje (como lo indica la ley) les sean adjudicadas. 

El derecho de propiedad es una de las condiciones capitales de la sociedad humana. A este derecho se lo relaciona en forma reiterada con el de libertad. Pero la libertad nada tiene que ver con el quebranto de la ley. Los responsables del déficit habitacional están en el Gobierno Provincial y en el municipal que, nada hicieron por quienes más necesitan. 

La carencia de vivienda o la desaprensión de determinadas personas hacia la propiedad ajena ha generalizado, hoy en día, prácticas usurpatorias sobre inmuebles deshabitados. Estas prácticas constituyen delitos contra la propiedad. Se encuentran tipificadas por el artículo 181 del Código Penal.

A diferencia de lo que sucede en otros países, la experiencia muestra que los jueces son muy reacios a ordenar un rápido desalojo por medio de la fuerza pública, cuando los ocupantes son grupos de personas. Y cuanto más numerosos sean, mejor para ellos y peor para el afectado. Es por ello que este concejal insita a que se muevan en “masa”, otorgando malos ejemplos a la ciudadanía como vecino y, sobre todo, como alguien que fue elegido para LEGISLAR en pos de toda la ciudad de Caleta Olivia. 

 

En el día de la fecha, me apersone al Juzgado de Instrucción de turno en Caleta Olivia y presente la debida denuncia contra el intendente Facundo Prades, la Secretaria de Cultura Claudia Rearte, entre otros funcionarios municipales, la demanda fue acompañada de cuantiosas Pruebas en diferentes soportes: Documentales, Fotográficos y Fílmicos, vinculado a los sucesos ocurridos pasado el incendio del Archivo Municipal.-

 

Entre las acusaciones les atribuyo: DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CULTURAL Y NATURAL - VIOLACIÓN A LAS LEYES PROVINCIALES Nº 3137 Y Nº 3138 - TRANSGRESIÓN AL DECRETO PROMULGATORIO Nº 2187/08 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5367 - SUPUESTA VIOLACIÓN A LAS LEYES NACIONALES Nº 25.743 Y Nº 25.517 - DESTRUCCIÓN Y OCULTAMIENTO DE PRUEBAS Y EVENTUAL OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA.-

 

A poco tiempo de que los bomberos aplacaron el fuego en el lugar, ocurrió un proceso irreparable de destrucción de documentación histórica como de pruebas, no fueron ejecutadas las medidas idóneas y necesarias tendientes a conservar o preservar las documentaciones enteras, sin defectos o quemaduras, como otras legibles para su restauración.-

 

No sólo quebrantaron maliciosamente normas legales al destruir parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, sino que además, ocultaron y destruyeron pruebas que servían para los profesionales peritos para que puedan practicar diligencias investigativas sobre dicha documentación, cometiéndose en tal sentido, varios delitos reprimidos por las leyes y códigos vigentes en la materia.-

 

En la denuncia, se demuestra fehacientemente con diferentes medios probatorios, como personal municipal el mismo día del siniestro, aparecieron en el lugar del hecho con retroexcavadoras y camiones volcadores, mientras adentro del Archivo Municipal aún existía bastante humo y, sin que hayan ingresado al lugar los peritos, el personal municipal ya juntaba en montañas documentación quemada, muchísima otra en perfecto estado y otras tantas legibles para restaurar. Las alzaban en camiones volcadores y estos vehículos desde el Archivo municipal se dirigieron a toda prisa hasta el basural municipal. Si leyeron bien “Basural”, allí volcaban todo y luego maquinaria del lugar, las tapaba con tierra y/o mezclaba con residuos sólidos.-

 

Los camiones municipales, desde el lugar del hecho (archivo municipal-barrio parque) hasta el basural, pasaron por las Avenidas San Martín, Eva Perón y luego parte de la ruta hasta el basural, por todo este recorrido se les iba cayendo documentación entera, sana, intacta y muchas otras por restaurar.-

 

Habida cuenta de ello, ese mismo día (27/09) comencé a recolectar por la vía pública cuantiosa documentación. Luego, siguiendo a los camiones municipales llegué hasta el basural, donde filme y tome capturas fotográficas de lo que estaban haciendo. Paso seguido, me dirijo al archivo, donde seguí tomando fotografías y realizando filmaciones. Allí mismo, agentes y maquinaria municipal, proseguían juntando y alzando en camiones la documentación (pruebas). Al día siguiente, en horas de la mañana, proseguí recolectando diferentes documentos esparcidos en la calle y la costanera. Toda esta documentación fue parte de la prueba acompañada en la denuncia.-

 

En la presentación, no se cuestiona o se hace referencia al “cómo” se inició el incendio, eso será parte que resolverá la justicia; Lo que sí hice referencia, denuncié y demostré con varias pruebas, fue como las autoridades y empleados municipales violaron normas legales municipal, provincial y hasta nacional. Recabé tanta información como prueba pude, demostrando como agentes municipales recolectaron, amontonaron y cargaron en los camiones de la municipalidad, muchísima documentación histórica sana, muchas otras legibles y otras para restaurar. Jamás realizaron una separación y/o protección y/o resguardo de nuestro Patrimonio Cultural declarado histórico.-

 

Cabe recordar que, en el lugar del hecho, se había apersonado el intendente Prades en horas tempranas del día 27 de septiembre (madrugada del incendio). Por otro lado, se demuestra en la denuncia varias inconsistencias e incongruencias entre declaraciones del intendente y funcionarios municipales.-

 

Además de sus cargos como Intendente (Facundo Prades) y Secretaria de Cultura (Claudia Rearte), podemos advertir que Facundo Prades es Presidente y Claudia Rearte Secretaria, en la “Comisión Permanente de Actividades Culturales”, así dictado mediante Decreto Nº 541/2016, del 01 de Julio de 2016, publicado en el Boletín Oficial Nº 152.-

 

En ese sentido, ambos tenían y tienen doble responsabilidad y obligaciones sobre el Archivo Central e Histórico Municipal como de sus documentos históricos y Patrimonio Cultural.-

 

Más allá de violentarse protocolos legales para la conservación de pruebas útiles, tanto para los peritos como para la administración de justicia, se ha transgredido diferentes normativas vigentes, de las cuales nació la denuncia. Ello es así, habida cuenta de los tutelado en el Artículo 9º Ordenanza Nº 5.367, que reza:” Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental, incluido el propio Estado Municipal, están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados”.-

 

En tanto, el Artículo 10º nos dice: “Si los obligados incumplen se verán sometidos a las disposiciones legales que establezcan tanto las leyes nacionales como provinciales en materia de protección del Patrimonio”.-

 

Por su parte, el Artículo 11º norma: “Los obligados a la conservación de los bienes constitutivos del Patrimonio Documental deberán permitir se inspeccione los mismos a los fines de comprobar la situación o estado de los bienes. Dicha inspección será realizada por los organismos competentes en la materia. Como así deberán permitir el estudio por los investigadores”.-

 

Nada de lo estipulado se realizó, al contrario, destruyeron todo.-

 

Artículo 15. De igual manera, caen bajo esta sanción quienes resultaren responsables por la desaparición, extravío o daño que pudiera existir sobre los bienes del Patrimonio Documental perteneciente a institución pública o privada. Artículo 16.- No podrán ser destruidos o eliminados los bienes del Patrimonio Documental de titularidad pública sino media autorización de la Administración competente quién a su vez se regirá por los plazos de guarda establecidos sobre aquellos, a tales fines y/o mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos. (Ordenanza Nº 5.367).-

 

No existieron los plazos de guarda y, a mayor abundamiento, podemos observar lo que dicta el Artículo 40º de la citada Ordenanza: “Producida la valoración de las series documentales, y de acuerdo con el informe emitido por la Comisión de Valoración, Selección y Eliminación, el aval de la Dirección del Archivo y su aprobación por parte del Concejo Deliberante, se regulará la eliminación de los documentos de archivo que habiendo perdido ya sus otros valores carezcan de valor histórico”.-

 

Es dable advertir en esta parte que, no existió ningún informe para la “eliminación” de documentos, y por otro lado, como es sabido, el Concejo Deliberante no sesiona hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, se ordenó destruir documentación en buen estado y muchísima otra para restaurar, sin la debida y correspondiente autorización de los órganos encargados de emitirla.-

 

En la misma Ordenanza, dentro del Anexo III Título I De la selección, valoración y eliminación de los documentos de archivos Capítulo II, prevé entre otras cosas: “Artículo 9.- Selección y Eliminación: Se realizará conforme lo establecido en el Anexo II, Título Primero, Capítulo III, Artículo 10, de la presente ordenanza. Mientras que el Artículo 14 norma: “La Institución productora de los documentos establecerá el método de triturado como medio de eliminación de las series seleccionadas.”

 

En el caso, podemos advertir que no se realizó una “selección, valoración” documental o un  informe, como mucho menos se haya “triturado” documentación como marca la norma, siendo que la documentación fue directamente a parar al basural municipal, mezclandola con diferentes residuos.-

 

Existieron cuantiosas violaciones a más artículos, los cuales por economía omitiré, para no hacer muy extensivo el Parte de Prensa.-

 

En cuanto a las leyes Provinciales Nº 2472 “Ley de Protección del Patrimonio Cultural”; Nº 3137-Decreto Nº 1607/10 y  Nº 3138, todas ellas fueron quebrantadas por los funcionarios y agentes municipales intervinientes.-

 

Llegado el caso, también violentaron las Leyes Nacionales Nº 25.743 “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” y su Decreto Reglamentario Nº 1022/2004 y Nº 25.517 sobre Tratamiento de los Restos Mortales pertenecientes a las comunidades aborígenes que forman parte del patrimonio cultural de museos u otras instituciones, sin perjuicio de las facultades constitucionales otorgadas a la provincia de Santa Cruz para la protección de su Patrimonio Arqueológico y Paleontológico cualquiera fuere la titularidad del dominio de los inmuebles donde se encuentren situados.-

 

El Archivo Municipal Central e Histórico, albergaba además otros fondos documentales o colecciones de instituciones o personas públicas o privadas como museológicos, los cuales formaban parte del acervo Patrimonial Documental Caletense.-

 

Patrimonio del pasado histórico que ameritaba y requería adecuada conservación y protección fue arrojado al basural. El Estado Municipal, debió ejercer la salvaguarda de los bienes que constituían el Patrimonio histórico, conforme a las disposiciones de las normas reglamentarias mencionadas y de otras disposiciones legislativas o reglamentarias especiales.-

 

Habiéndose iniciado en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, actuaciones vinculadas al incendio del Archivo Municipal, podemos advertir que en todo momento, con el proceder de los funcionarios y demás empleados municipales, se retardo o entorpeció maliciosamente a la administración de justicia, pasando a alterar, ocultar y destruir medios probatorios (evidencia) que debían ser materiales de investigación pericial y judicial.-

 

Al respecto, el Artículo 255 del Código Penal establece: “Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público”.-

 

Si bien gran parte de la historia de Caleta Olivia ha desaparecido con el incendio, la otra parte en buen estado o para restaurar, fue considerada por el intendente y demás funcionarios – literalmente – como BASURA. Documentos muy valiosos tanto de la historia Caletense como de nuestra Provincia, fueron arrojados a basural, sin miramientos y con desprecio, como si fuesen objetos que molestasen a las autoridades municipales.-

 

Más allá de los atropellos sufridos, califico este hecho, como una salvajada y una total falta de conciencia por parte de las autoridades municipales locales. Demostraron ser delincuentes y tener un total odio sobre la historia y la cultura de la ciudad y sus habitantes.-

 

Finalmente, resumiré en dos palabras, lo que precisamos en este caso/causa los Ciudadanos de Caleta Olivia: SERÁ JUSTICIA.-

 

JUAN IGNACIO PARADISO

Caleta Olivia 

Sólo me concentraré en los efectos mecánicos “proximal effects” del sistema y sus consecuencias electorales, en el pretendido Proyecto de Ley “Registro de electores Argentinos Residentes Transitorios en otro Distrito Electoral” presentado por los Diputados Nacionales Eduardo Costa y Susana Toledo, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el 19 de Septiembre pasado próximo (SEC: D - Nº 6355).-

Este Proyecto que de ser ley, dará el puntapié inicial a una estrepitosa migración masiva de votantes "transitorios" de una provincia a otra, sean estos trabajadores y/o universitarios y/o secundarios mayores de 16 años, provocando con ello, un engrosamiento de padrones en diferentes Distritos electorales donde cierto gobierno y/o partido político precise aumentar sus votos.-

Los votos “transitorios” por ejemplo de estudiantes que comiencen a cursar a principios del mes de marzo de 2017 en una Provincia y se inscriban luego en el Padrón del “registro de electores con residencia transitoria en otro distrito electoral” como el pretendido Proyecto y, pasado un tiempo (sea éste días, 1 mes, 2 meses, etc.) decidan por diferentes circunstancias abandonar la carrera o estudiar en otra provincia, no podrían emitir su voto, por ese cambio espontáneo, debido a que no les dará los plazos legales para ser inscriptos nuevamente en otros padrones y, en el caso que los tiempos legales se lo permitan, este tipo de votantes, más allá de sortear diferentes procesos administrativos para emitir el sufragio, podrá por ejemplo estudiar o trabajar en una provincia supongamos : Buenos Aires, y allí se haya registrado en ese padrón como elector “transitorio” luego emitido su voto en las Elecciones Primarias de ese distrito, favoreciendo a cierto candidato, y como se dijo, sean por las razones que sean que deba viajar a otra provincia, después lo podrá hacer por otro candidato para las elecciones generales en otro distrito electoral.-

A mayor abundamiento, el sistema pretendido por los Diputados Nacionales, creará un problema a esta clase de electores transitorios, ¿qué pasará con los plazos electorales, vinculados a los registros en los padrones?, habida cuenta que, primero se confeccionarán los Padrones Provisorios y estos votantes serían registrados -según el Proyecto- como “electores Argentinos Residentes Transitorios”, pero como se dijo, si después no se encontrasen en ese distrito donde fueron registrados, no coincidirán los datos en los registrados en el Padrón Definitivo. Y ni hablar, si viajan ida y vuelta en un lapso de tiempo donde los términos legales ya no dejarán realizar correcciones en los padrones. Dejan a estos electores a una suerte no especificada en dicho Proyecto, existiendo en tal sentido un vacío o nube legal al respecto.-

Este tipo de cambio de distrito electoral o migración de votantes, por un lado, dará vía libre a que una masa importante de votantes pueda sufragar a favor de cierto candidato en un distrito y luego puedan hacer lo mismo, por otro candidato totalmente diferente en otra provincia, por otro lado, ésta maniobra se convertirá en el botín codiciado por varios partidos políticos y gobiernos.-

Las migraciones de votantes pueden deberse también a factores económicos, por ejemplo, la existencia de mejores oportunidades laborales en determinadas regiones del país, o la falta de oportunidades en las zonas de procedencia.-

Si bien tienen derecho y libertad de elección como ciudadanos, como así también, sería “optativo” hacerlo (Art. 3º Proyecto) esta movida inclinará una elección primaria o general, favoreciendo a ciertos candidatos en diferentes distritos, dejando una desproporcionalidad en los resultados.-

¿La Justicia electoral permitirá registrarse días antes o el mismo día de la votación a electores que se encuentren en una provincia y luego en otra por diferentes motivos?, la respuesta a las claras es negativa, de tal modo que este tipo de elector transitorio, deberá hacer la justificación de no emisión del voto ante las autoridades tuteladas en el C.E.N. Ley Nº 19.945 como ser entre ellas, la autoridad policial más próxima.-

Podemos observar que, el Proyecto presentado por ambos legisladores se titula: Registro de electores “argentinos”, olvidándose que en nuestro País también emiten votos los extranjeros y nada dice dicho proyecto.-

Extranjeros residentes pueden votar en las Elecciones Provinciales: Los extranjeros residentes pueden votar en aquellas provincias cuya legislación tenga previsto el voto de ciudadanos extranjeros. Es preciso destacar que en algunas provincias están habilitados para votar por cargos provinciales y municipales, mientras que en otras solamente pueden elegir autoridades municipales; ello depende exclusivamente de la legislación provincial.-

¿En qué provincias puede votar los extranjeros cargos provinciales y municipales?

Votan para orden provincial y municipal: Los extranjeros residentes y empadronados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja.-

Votan sólo para orden municipal: Los extranjeros residentes y empadronados en Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.-

No votan para ningún cargo: Los extranjeros residentes en Formosa.-

Para los extranjeros residentes (permanentes o temporales) en Argentina: Extranjeros residentes NO pueden votar en las Elecciones Nacionales: Los residentes extranjeros en Argentina no pueden votar en las Elecciones Primarias Nacionales ni en las Elecciones Legislativas Nacionales, es decir no pueden elegir cargos electivos nacionales que son: Presidente y Vicepresidente de la Nación, Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y Parlamentarios del Mercosur.-

Requisitos para votar: Para poder votar en estos casos, el ciudadano extranjero debe contar con un DNI y estar empadronados. Según la Ley Nº 25.871 Nacional de Migraciones, solamente aquellos ciudadanos que han sido admitidos para ingresar y permanecer en el país en calidad de "residentes permanentes", "residentes temporarios" (Art. 20 al 26) podrán tramitar el DNI (Art. 30).-

¿Y los extranjeros Naturalizados Argentinos?: El extranjero nacionalizado es argentino nacionalizado y por tanto desde los 18 años reúne las condiciones para ser elector y podrá votar en las elecciones Nacionales de argentina. El Artículo 1 del Código Electoral Nacional señala: Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad.-

Como dije anteriormente, existe un vacío legal al respecto, sin perjuicio de mencionar que, de aprobarse este proyecto, podría producirse -aún más- una migración poblacional de extranjeros, en su carácter de “electores transitorios”. Como es sabido, en la Provincia de Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Cruz, entre muchas otras provincias limítrofes con otros Países, existen infinidades de denuncias vinculadas a ciudadanos extranjeros que emiten su voto en su País y también en nuestro territorio, impulsados a través desde las embajadas o los diferentes Consulados.-

A su vez, se complicaría un factor material importante, entre representantes y representados, ya que, resultaría muy difícil establecer una relación equitativa entre cantidad de electores y escaños en los distritos. Esto se convertiría en un problema en el trazado de límites sobre la cantidad de escaños a elegir, como de cargos lectivos. Es complicado cuando frente a una dispersión poblacional, la misma pueda concentrarse en un distrito electoral introduciendo un sesgo material muy fuerte hacia la adjudicación de escaños en forma muy dispareja.-

Para que se comprenda mejor voy a dar un simple ejemplo con la Municipalidad de Caleta Olivia: Nuestra comuna elige a cinco (5) concejales, así estipulado en el Artículo 144 de la Constitución: “Los Municipios deberán contar con un Ejecutivo unipersonal y un Cuerpo Deliberativo, fijado en cinco miembros, salvo en la Capital donde constará de siete”. Hasta ahí bien, ahora si contamos que pueden votar en nuestro Municipio los extranjeros residentes y empadronados y a ello le sumamos estos nuevos “electores transitorios” que ni sabemos si se quedarán a vivir en Caleta Olivia (trabajadores, estudiantes, etc.) pero que sí podrían votar a un Intendente y Concejal, es dable advertir que inclinarían cualquier elección, sin importarle siquiera a estos electores por quienes votarían.-

El Artículo 148 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz reza: “En aquellos centros de población que no alcancen el número de mil habitantes, los intereses y servicios de carácter comunal estarán a cargo de Comisiones de Fomento cuya integración y atribuciones serán fijadas por ley”. ¿Se imaginan si emigran a estas ciudades 200 o 500 electores transitorios?, Sería un verdadero caos, no sólo dejarían de ser Comisiones de Fomentos, ya que, en cuestiones de días, a raíz del crecimiento demográfico disparejo pasarían a ser en concreto Municipalidades por la cantidad de electores registrados, sino que además, esta redistribución o ingreso de nuevos votantes a cierta localidad sería disparejo para cualquier candidato postulado, dando margen a maniobras electorales con tinte fraudulento o clientelismo político.-

Estas migraciones poblacionales contribuyen a generar, por un lado sobrerrepresentación distrital y por el otro producto de la intencionalidad política van a producir distorsiones en relación de los electorados y la representación misma.-

Dejando de lado las migraciones, en el corto plazo, muchas localidades van a experimentar tasas de crecimiento muy por encima de las existentes con estos votantes transitorios, generando distorsiones en la representación ya asignada.-

Que, debe tenerse en cuenta que este sistema de aprobarse, implicará un refuerzo de la representación para algunos ciudadanos-electores según su localización territorial, y una depreciación para otros. A este fenómeno se lo conoce con el nombre de malapportionment, o en español, sobrerrepresentación distrital. Esto se produce cuando el

porcentaje de población de un distrito electoral difiere del porcentaje de escaños que están en disputa en ese distrito.-

En cuanto a los Fundamentos expuestos en el Proyecto presentado por los Diputados Nacionales describen uno que paradójicamente fue repudiado por su partido político en el año 2012: “Esto ya ha ocurrido en nuestro gobierno con el reconocimiento del sufragio a la franja de jóvenes de entre 16 años y 18 años, quienes se empadronaron… y quedaron habilitados a votar en las elecciones 2013”.-

Si mal no recuerdo, en aquel entonces tanto la Coalición Cívica, el PRO y gran parte de los Diputados Nacionales de la UCR se opusieron a que voten los chicos de 16 años.-

En 2012 cuando se votó en la Cámara de Diputados (Ley 26.774) el voto a partir de los 16 años, en aquella oportunidad se manifestó en contra la Diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien evaluó que la norma "es un fraude y una demagogia con los jóvenes este no es un aire democrático, este aire da asco. Nuestra generación quiso ser grande, y gran parte de esa generación fue víctima. Es bueno reconocer que nos atropelló la vida. Para qué queremos que la vida atropelle a nuestros hijos".-

También lo hizo el PRO, la legisladora Laura Alonso destacó en ese día: "vamos a votar en contra del proyecto por coyuntural, por hipócrita, por engañoso", y en general, el PRO había anunciado que votará en contra de la iniciativa oficial por considerarla “innecesaria”.-

En tanto, previa a la votación de la ley, toda la oposición decidió levantarse del recinto y abandonar la sesión (123 ausentes), en medio de gritos y cuestionamientos, poco antes del momento de la votación. La UCR tuvo respaldos y expresiones en contra, ya que no lograron amalgamar una posición concreta. Recordemos la fuerte discusión, vía telefónica, entre el jefe de la bancada radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, y el senador Gerardo Morales.-

Siendo ello así, no concuerdan ni coinciden los “fundamentos” expuestos en este Proyecto presentado, con la voluntad de sus actuales aliados electorales y gubernamentales.-

Mientras el Gobierno Nacional impulsa una reforma política, donde los temas centrales parecen resumirse en el voto electrónico, la unificación del calendario de votación y el rediseño de la autoridad que controla las elecciones, Vemos como nuestros Diputados Nacionales nada hablan sobre la regulación de la oferta electoral y de los partidos políticos, me refiero precisamente a la Ley de Lemas, ya que, poner la laxitud de estas normas en primer plano implicaría navegar en aguas complicadas en una eventual negociación con las provincias.-

En suma, el Proyecto presentado de ser aprobado, desdibujará las diferencias entre los partidos, a tal punto que será difícil distinguir quienes serán los electores, regulando para mal la performance de la modalidad del voto. Generará inconvenientes, pero será muy eficiente como forma de construir poder (favoreciendo a una suerte de fraude electoral), teniendo a una masa electoral -incalculable- pululando por todos los distritos. La desproporcionalidad, como ya he señalado, a la relación especular de estos nuevos votantes transitorios”, como si fueran nómadas, serán expresadas en las urnas aumentando significativamente el porcentaje de votos de ciertos candidatos.-

En otras palabras, hay que discutir umbrales mínimos y comunes de ciudadanía electoral, un piso de derechos que se garantice en todo el país, la clave de un sistema electoral es la manera en que se traduce un resultado, y el ejemplo que nos brindan los Diputados Nacionales con éste Proyecto modificará la proporcionalidad de las formas de ese resultado. Este tipo de estrategias electorales, deben ser limitados, dando amplio margen a que una mayoría se termina consiguiendo de las peores maneras posibles.-

Al parecer, existen imperativos funcionales y políticos que pretenden imponer la necesidad de descompensar la representación, induciendo a la adopción de un funcionamiento de votación que paradójicamente es igual de dañino a la Ley de Lemas a la cual critican.-

Llama la atención que los Diputados Nacionales Eduardo Costa y Susana Toledo propongan esta modificación al sistema electoral vigente, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes en la provincia de Santa Cruz. Antecedentes: El año pasado, se produjo doble votación por parte de ciudadanos que residían en la Provincia del Chaco, figurando en el padrón electoral en ese Distrito y al mismo figuraban en el padrón electoral de la Provincia de Santa Cruz, donde eventualmente emitieron doble voto en diferentes provincias.-

También tuvimos los casos del interior provincial, como por ejemplo el de Lago Posadas, un pueblo de 400 habitantes, donde se movilizaron 150 personas de otros lugares para que voten por la candidata oficialista y así dieron vuelta la elección. En resumen, lo que se hizo, fue un masivo cambio de domicilios para modificar el resultado final, en el padrón de ese pueblo votó gente de Chaco, Formosa, Corrientes y Córdoba.-

Como vemos, de la misma manera sucederá con el pretendido Proyecto presentado por ambos Diputados, donde votantes “transitorios” mediante la variación de residencia podrán manipular la representación política a favor de ciertos partidos o grupos sociales.-

Para finalizar, en términos generales, hago hincapié en que éste Proyecto de Ley de reconocerse y promulgarse será indicador de la existencia de elecciones injustas (unfair elections), marcando inequidad y favorecimiento al clientelismo.-

JUAN IGNACIO PARADISO

Ciudadano Argentino

Caleta Olivia

 

Por Gastón Ortiz Maldonado.*

 

En ningún caso debe penalizarse al adicto.

 

El cultivo de marihuana o de cualquier otro estupefaciente, creara un comercio muy difícil de controlar. Se favorecerá el consumo de marihuana y de otras drogas con todo lo que ello implica.

 

Hay un latiguillo recurrente, que proviene de sectores autodenominados progresistas, que pretende hacerle creer a la sociedad que hay que despenalizar el uso de estupefacientes. También algunos círculos políticos cercanos al poder, parece que adhieren a este disparate. Algunos de los argumentos esgrimidos son:

 

-Liberando el comercio y consumo de estupefacientes, se combate el narcoterrorismo.

 

Falso: Se liberaría de esta manera el consumo abusivo, generando más enfermos, muertos, violencia y marginalidad. Nada ayuda más a los narcotraficantes que estas opiniones. Por otra parte estos tomarían sin ningún reparo más espacios en el poder institucional.

 

-Continuar con la prohibición crea más adictos.

 

Falso: Con planes participativos de prevención, reinserción socio laboral y mensajes coherentes desde lo institucional, se reducirían con éxito las conductas adictivas. De todas maneras hoy ya existe gran oferta y libre disponibilidad. Es un error creer que la gente se droga porque es algo prohibido.

 

-Liberando el comercio se obtendrían drogas más puras.

 

Falso: Los narcotraficantes continuarían estirando lo más posible las substancias para incrementar sus ganancias. Por otra parte, al ser los estupefacientes más puros, serían más adictivos y letales.

 

-Se ha perdido la “lucha contra las drogas”

 

Falso: En realidad esa lucha nunca se dio a fondo. Salvo declaraciones protocolares de rigor, los líderes mundiales nunca se comprometieron del todo. Las divisas que genera el mercado de drogas, es un obstáculo a veces, para encarar políticas comunes internacionales. De todas maneras se ha avanzado en acuerdos multilaterales de cooperación. El capitalismo aún, también es cierto, muestra su lado cruel e inmoral. La desigualdad social es muy trágica, también en el plano de las drogas.

 

La cuestión de las drogas como ya se ha dicho, posee para su estudio y abordaje práctico, multiplicidad de factores. Pero es menester contar con decisión política de los gobiernos, para implementar programas de políticas públicas, con el auxilio del conjunto de la sociedad. La corrupción institucional que provoca el narcotráfico es proporcional al daño irreparable que provoca a millones de personas en el mundo.

 

*Gastón Ortiz Maldonado, es Presidente del Foro Sobre políticas de Drogas de la Argentina.

 

Es autor de las Leyes de la Nación 24.455 por la cual se brinda prestaciones médicas y farmacológicas obligatorias a los enfermos de HIV y drogodependientes; y 24.424 creando la figura del arrepentido, agente encubierto y mercadería vigilada para la lucha contra el narcotráfico.

 

Editorial

Recién enterados que se asentó en funciones al jefe de la Regional Sur II de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Carlos Ziehlke, un hombre de Cambiemos, nos encontramos en la UDAI Caleta Olivia por estos días, con un resplandeciente afiche publicitario de la ex mandataria nacional Cristina F. de Kirchner promocionando su gestión. 

Recordemos que, en marzo de este año, el diputado nacional por el bloque Justicialista y ex titular de la Anses, Diego Bossio involucró a la ex presidenta Cristina Fernández en el diseño de distribución de los fondos estatales en forma de pauta publicitaria. Por su parte, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, denunció que en 2015 la Anses le giró 30 millones de pesos al programa 6,7,8 y aseguró que la productora Pensado Para Televisión (PPT) recibió parte de ese dinero de manera "irregular". 

El organismo que administra el sistema jubilatorio argentino, en los años kirchneristas, duplicó sus oficinas en todo el país desde el 2003. Y jóvenes militantes de La Cámpora presidian gran parte de ellas. Se usaban esos puestos rentados para “saltar” luego a los Ejecutivos locales, provinciales o nacionales. O al Poder Legislativo. Hoy, vemos que el caso de Caleta continúa siendo uno de ellos. 

Por otro lado, no podemos olvidar que las distintas sedes de esta entidad, funcionaron como bancada para los muchachos de La Campora, en la cual se utilizaron las camionetas y demás utilitarios para la última campaña presidencial y, precisamente en la sede caletense, pudimos observar cómo se repartían las boletas del FPV.

Muy poco claros son los movimientos de la sede del norte santacruceño ya que, a pesar de estar en manos del gobierno nacional, pareciera que aun estaría cooptado por La Campora y seguirían utilizando la institución para su propaganda. Claramente ni esta agrupación ni la ex Presidente representan la Justicia Social que si debería representar el ANSES. 

Creo que podemos concluir en dos cuestiones:  O, claramente desde el sector político que responde a Macri en la provincia, está trabajando muy mal políticamente o se realizó algún tipo de acuerdo para que continúen al frente personas que respondieron a la anterior gestión… ¿Cambiemos?

INFO DIGITAL 2016