En Enero de éste año, se hizo pública la denuncia en los medios sobre el convenio ilícito que firmó el intendente Prades con ciertas personas desconocidas hasta la fecha aparentemente de Comodoro Rivadavia, las cuales, inventaron de la nada una empresa de transporte público de pasajeros urbana MAXIA S.R.L. (CUIT: 30-71547411-1, con domicilio fiscal según AFIP en calle: San Martín 887, de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut) sin siquiera tener el CUIT en la AFIP, siendo una empresa en “formación”, sin existir un llamado a Licitación pública, en suma, violentando todas las normativas legales.-

 

Luego, llegan a Caleta Olivia solamente tres (3) unidades nada más, de las que supuestamente ya tendrían que estar funcionando las veinte (20) que prometió el intendente para el 1ro. de Marzo.-

Ahora bien, a pesar de todo lo irregular mencionado anteriormente, de las unidades existentes en nuestra Ciudad, podemos advertir que tanto la empresa como el intendente, transgreden lo tutelado en la Ley Nacional Nº 27.023 (donde la Municipalidad adhirió) y a la Ordenanza Nº 5948/15, la cual reza en su art. 2º lo siguiente: DETERMINASE que en la aplicación de la Ley Nacional Nº 27.023, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar a los responsables de la prestación del servicio público de pasajeros de la Ciudad de Caleta Olivia, en cualquiera de sus modalidades, que deberán lucir en sus unidades la Leyenda: “Las Islas Malvinas son Argentinas” , siendo la misma de carácter obligatorio.-

Como si fuera poco, dicha empresa de colectivos MAXIA S.R.L., está ubicada en el barrio del Parque Industrial de Caleta Olivia, en las instalaciones de la empresa constructora GOTTI S.A., si leyó bien, en el predio de la empresa GOTTI .-

 

Como es de público conocimiento, la empresa GOTTI S.A. como sus titulares fueron denunciados reiteradas veces, siendo la denuncia más relevante la Megacausa de Noviembre de 2008 presentada por la Dra. Elisa Carrio, Adrián Perez, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernando Iglesias, entre otros, donde se acusó a la empresa GOTTI como a otros empresarios de las constructoras Kank, Costilla, Austral, Contrera Hnos., Equimac, Esuco, Grupo Petersen, donde se encontraban involucrados: Claudio Uberti, Rudy Ulloa Igor, Cristóbal López, Lázaro Baez, Enrique Esquenazi y funcionarios como Julio De Vido y Ricardo Jaime de delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal.-

 

Hoy muchos de ellos condenados, embargados y presos.-

 

La empresa GOTTI S.A. fue denunciada oportunamente por Facturación Apócrifa, Pago de Coimas, Sobreprecios, etc, y tenía además a cargo, a empresas fantasmas, como por ejemplo Wikan, La Nueva Argentina y Triple T , entre otras.-

 

Recordemos que Vittorio Gotti junto a sus hermanos Fausto, Sergio y Carlota Gotti, constituyeron la empresa “Gotti Hermanos S.A”. Desde sus comienzos hasta su plena consolidación fue “la mini Austral Cosntrucciones” de Santa Cruz y favorita en la obra pública. Luego al fallecer en un accidente Gotti junto a su esposa, Lázaro Baez accionista mayoritario se queda con la empresa. Luego Gotti terminó vinculada a Invernés, financiera de Ernesto Clarens a quien le dieron el gerenciamiento de la firma. En esta maniobra participó el escribano Leandro Albornoz, allanado el año pasado y el contador César Andrés, mano derecha de Lázaro Báez.-

 

En las fotografías, podemos ver a los colectivos de MAXIA SRL, dentro del predio de la empresa Gotti (Lázaro Baez)

Esperemos que las próximas unidades que vengan, cuenten con acceso para personas con discapacidad, ya que las actualmente traídas, carecen y no cuentan con lo básico reglamentado por las leyes.- 

 

Como corolario de lo expuesto, hoy 7 de Marzo, el intendente Prades, no informó a los Concejales sobre quiénes componen la sociedad, quienes son los responsables de la empresa MAXIA SRL, como así tampoco dio a conocer el Convenio firmado.-

 

Como vemos, el intendente Prades, cometió muchas irregularidades, las que deberían ser investigadas por la justicia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia, no sólo por los nexos con antecedentes de ilícitos, sino que además, por las reiteradas violaciones a las normativas legales vigentes.-

 

Llamativa actuación de los concejales Aybar y Martinez que nada dicen al respecto, al parecer desconocen sus labores o apañan lo ilícito, al igual que los diputados Bucci y Terraz que se llaman al silencio a sabiendas de actos de corrupción, prefiriendo el amiguismo que a la legalidad.-

 

El intendente sale despotricar sobre los anteriores gobiernos, sobre la corrupción de la obra pública, sobre la ilegalidad de contratos y así pudimos escucharlo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del año 2017, donde Prades expresó: “… las anteriores gestiones había poca transparencia y corrupción (…) Deseo dejar en claro que siempre expondré la verdad, por más graves que sean…”.

 

Le tomamos la palabra al intendente, ya que de momento, lo único que hace es todo fuera de la legalidad y ocultando la “verdad”.-

 

Falta que Prades se siente a hacer negocios con Antonini Wilson o el Gordo Valor, para reafirmar su “transparencia” o que nos enteremos que Lázaro Baez o algún testaferro sean los titulares de la empresa de colectivos.-

 

 

JUAN IGNACIO PARADISO

Ciudadano argentino – Caleta Olivia

 

En fecha 25/11/2016 se presentó escrito en Mesa de Entradas de la Municipalidad, conformándose así el Expte. Nº 4718/16, solicitando nómina personal municipal planta permanente y contratado, planes y cooperativas.-

 

Posteriormente, en fecha 07/12/2016 se presentó otra Nota, ésta vez,  en Mesa de Entrada de la Secretaría de Gobierno conformándose así la NOTA Nº 634/16 caratulada: "Paradiso Juan Ignacio s/solicitud nómina personal municipal, contratado, planes y cooperativas".-

 

Que por imperio del art. 7º de la Ordenanza Nº 4.315 la municipalidad y sus funcionarios, están obligados a entregar información pública, dentro de los  10 hábiles a partir del requerimiento y pudiendo requerir una prórroga por 10 días más.-

 

En el caso, han pasado noventa y ocho (98) días desde la primer solicitud y, ochenta y seis (86) días desde la segunda, sin perjuicio de mencionar, las reiteradas solicitudes verbales en la Mesa de Entrada de la Secretaria de Gobierno, cosa ésta que, al día de la fecha 20/02/2017 también se hizo y no existieron respuestas, Queda entonces, por demás demostrado, el retardo como la extralimitación temporal, la obstrucción al acceso información pública y la negligencia en el cumplimiento de funciones.-

 

Cabe remarcar que, el Secretario de Gobierno tiene a su cargo lo concerniente a Recursos Humanos, entre otras áreas más. La falta de respuesta provocó que en el día de la fecha se presentara denuncia y solicitud de sumario administrativo contra Lacrouts (EXPTE. Nº 559, 20 FEB 2017).-

 

Ahora bien, que nos reza la ORDENANZA N° 4.315, que violó entre otras normativas el Secretario de Gobierno José Luis Lacrouts:

Artículo 1.- Establecer que todo ciudadano de Caleta Olivia, tendrá derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa y veráz de cualquier órgano perteneciente al estado municipal, y empresa o sociedades donde tenga participación, mínima o mayoritaria, el Estado Municipal.-

 

Artículo 2.- Deberá proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creado u obtenida por el órgano requerido que se encuentra en su posesión y bajo su control. Se considerará como información a los efectos de esta Ordenanza, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo.-

 

Artículo 4.- En caso que exista un documento que contenga en forma parcial información y cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo anterior, deberá suministrarse el resto de la información requerida.-

 

Artículo 7.- La información deberá ser suministrada dentro de los diez (10) días hábiles a partir del requerimiento. El plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, en tal sentido, el estado municipal antes del vencimiento del plazo deberá comunicar las razones por la cual hará uso de la prórroga excepcional.-

 

Artículo 8.- Si cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, la demanda de información no se hubiere satisfecho o la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua parcial, se considerará que hubo negligencia en el cumplimiento de sus funciones por parte del agente o funcionario municipal interviniente, haciéndose pasibles de las sanciones que al respecto establece el Capítulo VII de la Ordenanza Municipal Nº 1524.-

 

Artículo 9.- EL funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de la siguiente norma legislativa, será considerado incurso en falta grave.-

 

Por otro lado, la Ordenanza Municipal Nº 1524 en su Artículo 42º inc c) hace mención sobre casos de “Negligencia en el cumplimiento de sus funciones”.-

 

Que la negativa de hecho por parte del Secretario de Gobierno resulta violatoria del derecho de acceso a la información, consagrado normativamente en la Ordenanza Nº N° 4.315 , como de la misma manera tutelado en diferentes leyes muchas de ellas nacionales.-

 

En virtud del principio republicano de gobierno, debiera estar disponible para todos los ciudadanos (art 1º C.N. y art. 1º Constitución Santa Cruz), contiene como principales derivados la publicidad y como necesaria para ejercicio del control democrático de los actos.-

 

Cabe señalar que la cuestión del “acceso a la información”, cuando se trata de información pública, no debe quedar sometida a un proceso que demore la efectividad del derecho. Datos que debieran estar expuestos de modo amplio a toda la ciudadanía, no se advierte el motivo por el cual la petición formulada sea denegada u ocultada.-

 

Nuestra CSJN ha definido a la libertad de acceso a la información como generadora de un derecho individual y, por otra parte, como de obligación del Estado de dar publicidad.-

 

Quisiera ver ahora a los legisladores de Caleta Olivia Diputado por Pueblo Sergio Bucci y al Diputado Provincial Gerardo Terraz adhiriendo a la solicitud presentada y al pedido de sumario reclamado, así como lo han hecho ambos a fs. 37 del amparo  en los autos caratulados: “REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA Y OTROS C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE AMPARO”, Expte. R-17.337/16, Secretaría Nº 2, Juzgado Provincial de Primera Instancia, cuando en dicha oportunidad solicitaban al Gobierno de la Provincia información Pública.-

Claro está que no lo harán, habida cuenta que vale más para ellos su amiguismo con el intendente Prades que las normas legales. Para unas cosas inflan el pecho y firman hasta las paredes, mientras que para otras iguales seguramente se escondan y llamen al silencio, como lo vienen haciendo hace más de un año, con todas las irregularidades y delitos que cometen funcionarios municipales.-

 

Una primera variante del derecho de acceso a la información se encuentra en aquellos casos en que el objeto central del reclamo es la información en sí misma. Si bien ésta siempre tiene carácter instrumental, y guarda relación con el ejercicio de otro derecho, hay ocasiones en que los datos reclamados son el principal objetivo, y el derecho se satisface en gran medida con su obtención (La información como bien directo; Derecho a la libertad de investigación y acceso a información pública; Derecho a la información; Información adecuada y veraz y control de la calidad y eficacia del servicio público; Libertad de investigación; La información como medio para ejercer otros derechos; etc.).-

 

El rol fiscalizador genérico que la publicidad de los actos de gobierno concede a los ciudadanos en un régimen republicano. No obstante, es posible señalar varios ejemplos específicos de cómo el acceso a determinada información facilita la fiscalización ciudadana del ejercicio de la función pública. La presentación de una solicitud de información como instrumento de control del poder punitivo del Estado.-

 

Según el intendente Prades ingresaron nada más unos 90 agentes municipales desde que asumió (“…No hemos llegado a tomar 90 personas, de las cuales hemos incorporado profesionales que no había: psicólogos, médicos, enfermeros y trabajadores sociales para áreas puntuales…" Facundo Prades, Sábado 29 de Octubre de 2016), y según el balance 2016 el TOTAL GASTOS PERSONAL  Diciembre 2015 fue de $ 99.889.893, mientras que para Diciembre 2016 el TOTAL GASTOS PERSONAL  ascendió a una suma de $ 147.765.900.-

 

Por consiguiente, la información que se requiere sobre las nóminas de personal servirá para compulsarla luego con la información presupuestaria, porque también cumple una función fiscalizadora, en la medida en que permite conocer el destino previsto para los fondos públicos y la asignación real del gasto, habida cuenta que no coincide los dichos del intendente “hemos llegado a tomar 90 personas” con los estados contables.-

 

En suma, los caletenses desconocen hasta la fecha, la cantidad real de personal existente que presta directa o indirectamente servicios en y para la municipalidad.-

 

¿Qué esconde Facundo Prades, que no quiere que el pueblo se entere, la cantidad de agentes municipales?, ¿Será que existen nombres y apellidos a los cuales no le conviene que salgan a la luz?. Interrogantes que se deberán transparentar a la brevedad, ya que, como dije, están en juego también fondos públicos y los contribuyentes quieren saber a quienes se les está pagando con su dinero.-

En esta oportunidad, podremos observar un video, en parte transcripto en la presente, de fecha 14/02/2017 filmado en la entrada del Municipio de Caleta Olivia, donde agentes municipales en pleno paro de actividades, en reclamo de sus haberes adeudados, se encontraron con el Concejal Javier Aybar (Presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia), quien confirma que existió “preferencias” por parte del intendente, a la hora de abonar sueldos.-

 

Un empleado municipal, avalado sus dichos por los demás presentes, declara al Concejal Aybar: “mandaron a depositar a algunas cuentas para que no salgan y se filtra la información igual” (refiriéndose a que el Intendente Prades ordenó depositar sueldos en algunas cuentas de unos pocos empleados predilectos).-

 

Seguidamente una agente del municipio manifiesta:“Y tienen 200 contratos más hechos” (haciendo referencia a nuevos cargos políticos que Prades hizo ingresar).-

 

El Concejal Aybar comienza a intentar esgrimir una suerte de defensa a favor de su nuevo amigo Prades y avanza detallando que:“Vimos la vez pasada la información de los cheques que me mostró Julian (refiriéndose a Julian Carrizo Secretario General gremio SOEMCO) la vez pasada vimos los cheques (…) son decisiones que toma el Poder Ejecutivo , podemos controlar pero no podemos decirle no lo hagas (…) él tendrá que asumir las decisiones políticas que le toca, cuando vos le reclames por que hace esa diferenciación entre empleados y empleados (…) nosotros no podemos prohibir los pago o adelantos de sueldos que él hace a los empleados (…) a mí me mostraron el cheque, me lo mostró Julián Carrizo el día que estaba en el gremio, o sea, te la creo que fue así (…) no se puede prohibir que el tipo (intendente)  diga determínase el cobro a tales empleados…

 

Aybar con sus respuestas, confirma que no es la primera vez que Prades adelanta algunos pagos de sueldos , haciendo preferencia por algunos pocos y discriminando a la gran mayoría.-

 

Seguidamente, otro empleado que se encontraba al costado del concejal Aybar, expresa algo determinante y por cierto verdadero: “ O sea que tenes empleados de primera y de segunda”, avanza corrigiendo al concejal diciéndole “adelanto no !, le pago el sueldo”.-

 

Aybar lo confirma, inclinando su cuerpo y respondiéndole: “Ahora” y el empleado vuelve a repetirle “tiene empleados de primera y de segunda el intendente”.-

 

Por último, otro agente municipal expresa: “Hay decisiones de carácter unilateral que corresponden a la responsabilidad por parte del señor intendente en donde nosotros hemos planteado muchas veces en estar en desacuerdo , que se pague todo y punto, como una institución (Municipalidad) va a permitir o marcar un cobro con respecto a que se pague una porción y  no otra, la posición de nosotros es páguese a todos…

 

Luego de esa breve reunión en la vía pública en las puertas del Municipio, los empleados tomaron la decisión unánime de congregarse e ir a reclamar a la ruta 3 , alzando sus voces para que Prades pague los sueldos adeudados.-

 

Como pudimos observar, el intendente mediante una maniobra insensata, envía al concejal Aybar para que converse con los empleados municipales para dilatar el asunto, intentando absurdamente postergar el paro, o mejor dicho, frenar el presente reclamo, tratando de hacer reuniones futuras o poniendo fechas para concretar alguna suerte de reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal. Está por demás claro que, Aybar en ningún momento acompaño a los trabajadores en su reclamo, como así tampoco presentó un comunicado en los medios reprochando la actitud del intendente, como le solicitaron en esa breve reunión los agentes municipales.-

 

Los empleados municipales vienen soportando hace 400 días (desde que asumió Prades) a un  intendente que mes a mes, atropella sus derechos y garantías laborales, empeorando la situación de los mismos y, agravando aún más su realidad, dando preferencias de pagos a algunos pocos – en explícito accionar discriminativo – y dejando al grueso de los trabajadores postergados a su suerte.-

 

Llamativas declaraciones provenientes del Presidente del “Honorable” Concejo Deliberante aseverando reiteradas veces que el  o el resto de los concejales no puedan hacer nada al respecto, a sabiendas que el intendente actuó maliciosamente, pagando solamente a unos pocos privilegiados, en clara infracción a las leyes laborales, donde surje que existió discriminación laboral.-

 

Mínimo debieran cursar nota o citar al intendente al Concejo para que rinda explicaciones, brindando los motivos por los cuales ejecuta actos discriminatorios contra sus empleados.-

 

Quizás hoy la batalla más difícil se esté librando en esta ciudad casi olvidada por los que dicen llamarse nuestros “representantes”, donde no se trata de cañonazos ni escuadras enfrentadas, Hoy se trata de un enemigo más certero y oscuro en complicidad con el dinero y los funcionarios de turno.-

 

 

JUAN IGNACIO PARADISO

Ciudadano argentino – Caleta Olivia

 

En el día de la fecha, se denunció penalmente a  Cristian Elvio Bazán, actual Secretario de Servicios de la Municipalidad de Caleta Olivia, por la comisión de los delitos tipificados en los artículos 174 inc. 5); 248; 249; 260; 261; 262; 263 y cctes del Código Penal y/u otros posibles actos de corrupción.-

 

El delincuente (Bazán) ha utilizado camionetas y combustible para fines ajenos al servicio público u oficial, toda vez que han sido usadas como transporte de mudanza, para recoger diferentes muebles y electrodomésticos, trasladarlos de un lugar a otro y descargarlos en su nuevo domicilio particular en el barrio Ceferino.-

 

A los fines que se investigue la conducta de Bazán se presentaron más de una docena y media de pruebas y se requiero al Juzgado de Instrucción las prácticas de actuaciones y/o diligencias de carácter judicial debido a que el demandado y sus cómplices cometieron delitos de acción pública y lo fueron en Flagrancia.-

El demandado, fue visto en circunstancias de flagrante delito, llámese “infraganti” (En consonancia a lo tutelado en Const. Prov. Art. 181º tercer párrafo).-

 

Se investigue la comisión de delitos contra la Administración Pública en agravio de El Estado, por Malversación de caudales públicos (art. 263 C.P.), Desmanejo de Bienes Públicos, Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (art. 248 C.P.), Peculado en uso en perjuicio del Erario Público, entre otras violaciones a normas vigentes.-

 

Existen elementos de convicción suficientes para estimar que existió un hecho delictuoso y que el demandado es “prima facie” penalmente responsable como participe de éste. Lo que demuestra la comisión de delitos en perjuicio del Erario Público.-

 

Bazán cometió delitos contra El Estado malversando sus fondos, usufructuando bienes pertenecientes a El Estado en beneficio propio, cometiéndose serios delitos de acción pública y dañando a las arcas Municipales, Provinciales y hasta Nacionales dependiendo el origen de los fondos utilizados.-

Resulta de vital importancia obtener una resolución judicial que garantice la eficaz tutela de los bienes y recursos públicos.-

 

No existe control de los vehículos oficiales de la Municipalidad, ya que de haberlo, no andarían sus funcionarios utilizando los mismos para uso personal. Los utilizan para ir de compras al supermercado, kiosco, llevar hijos a clubes o colegios, etc. o prestárselos a los Diputados por Pueblo para que se las lleven a sus domicilios.-

 

Por otro lado, Cristian Bazán, pertenece a la Comisión de Pre-adjudicación de Licitación Privada para el “suministro de combustible  para  el  funcionamiento  del  parque  automotor”, como lo  describe el D E C R E T O Nº 903 MCO/16 de fecha 5/2/16, publicado en el Boletín Oficial Nº 170: “BOLETÍN OFICIAL N° 170. ¿Vaya cosa no?, el mismo que debe velar por el combustible, es el mismo que lo gasta para su uso personal/privado.-

 

Que nos reza la Ley Nº 500, Cap. VI, RESPONSABLES -Artículo 25º.- Todo estipendiario del Estado provincial o municipal responderá de los daños que por su culpa o negligencia sufra la hacienda pública…

 

Bazán usufructuó recursos de las arcas de El Estado en beneficio propio, gastando fondos de Partidas Presupuestarias de la municipalidad para su uso personal violando de disposiciones legales y reglamentarias.-

 

Es sabido, que estamos Emergencia Económica-Administrativa Municipal, y que se originó a fines de hacer frente al saneamiento económico y el sostenimiento de la gestión municipal, por lo que el uso de vehículos oficiales municipales para realizar mudanza particular de funcionarios está totalmente prohibido y penado, a las claras, la actitud del Secretario de Servicios Cristian Elvio Bazán, se contradice con la situación pronunciada por el intendente Prades en su Decreto.-

 

Los actos producidos por el denunciado Bazán y sus cómplices (choferes) fueron realizados apartados de cualquier servicio público, tomándose la libre disponibilidad de vehículos oficiales fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto.-

 

Mantener los vehículos oficiales, ya sea, mediante Tasas, impuestos, coparticipación, adelantos ATN, etc., sea cual fuere el origen de ingresos monetarios, el dinero gastado en combustible, lubricantes, el uso y desgaste de los vehículos lo son con fondos del Estado. Por consiguiente, la utilización de uso de locomoción de vehículos oficiales como el gasto de combustible fuera de los “servicios” normales municipales provocaron DAÑOS contra Erario Público.-

 

Los ciudadanos no estamos para pagarles sus lujos, comodidades o apetitos personales a los funcionarios públicos, es inconcebible que anden derrochando los bienes y recursos del Estado.-

 

La palmaria desorganización y el descontrol, evidenciados en el Gobierno de la Ciudad de Caleta Olivia, donde se encuentran involucrados los propios funcionarios del Departamento Ejecutivo, provocando daños a las arcas estatales y contribuyentes, fue motivo suficiente para presentar la denuncia.-

 

Montesquieu en su libro IX, “El espíritu de las leyes” 1748, nos dice: “Es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él… y va hasta donde encuentra límites”.-

 

Los políticos que acceden a un cargo público ven la oportunidad de beneficiarse con los fondos o bienes del Estado, de allí que la esencia del delito de peculado es que un funcionario se apropia de recursos del Estado para su beneficio.-

 

Bochornosa acción por parte de Cristian Bazán quien ejerce funciones de jerarquía dentro de la Municipalidad, donde fue captado infraganti utilizando vehículos de uso oficial para realizar su mudanza particular y vaya a saber uno que otras cosas más. Está cometiendo delitos contra la administración pública, al avanzar sobre bienes del estado como si fueran elementos personales, asumiendo como propios, recursos y vehículos propiedad de El Estado.-

 

Asumen que todo lo que es de El Estado les corresponde, y que pueden utilizarlo para ventaja y provecho personal.-

 

Bastará que la Justicia aplique el rigor de las leyes para ponerle un “parate” al desmanejo incontrolado de fondos y bienes Públicos que vienen realizando los funcionarios de la Municipalidad.-

 

JUAN IGNACIO PARADISO

Ciudadano argentino – Caleta Olivia

El intendente Prades lanzó por los medios un comunicado el 5 Enero 2017 detallando que una empresa de colectivos vendrá a Caleta Olivia en el mes de marzo y entre otras cuestiones indicaba: “…Fueron intensas las negociaciones durante todo el primer año de gestión con diversas firmas que finalmente no quisieron llegar a Caleta Olivia… considerar que no se daban las garantías; es por eso que en este caso la empresa Maxia SRL de capitales comodorenses y teniendo en cuenta el contexto de la  ciudad rescató, al momento de rubricar el convenio…”

 

Desde el 5 de enero que subieron la publicación, ésta empresa no figuraba en los registros de la AFIP, tampoco la conocían en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, consultado en diferentes medios Chubutenses y contactos personales tampoco sabían de la existencia, y a mayor abundamiento ni siquiera salía en internet.-

 

Y como iba a salir, si hace pocos días se registró en la AFIP: A la empresa MAXIA S.R.L., recientemente le entregaron su CUIT: 30-71547411-1, Código: 492110, Nomenclador: F-883, Condición: Parcialmente Exenta, se inscribió en la AFIP recién en fecha 9 de Enero 2017 y el intendente “firmó convenio” según el comunicado oficial de la Municipalidad en una fecha mucho anterior, recordemos que recién se hizo pública la noticia en diferentes medios el 5 de Enero, obsérvese además que MAXIA S.R.L. actualmente está en “FORMACIÓN”, como lo publica la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).-

 

LO QUE NO HIZO PRADES: Los Pliegos de Bases y Condiciones para el llamado a la Licitación Pública para Contratación del Transporte públicos de pasajeros.-

 

Que nos dice la ORDENANZA Nº 2173/96. CAPÍTULO XXII TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS ARTÍCULO 141º: … En el caso de prestaciones por particulares, las adjudicaciones se realizarán por Licitación Pública, conforme lo determine el régimen vigente.-

 

ORDENANZA Nº 2173/96. DE LAS LICITACIONES ARTÍCULO 142º: La adjudicación de cada línea de Transporte colectivo de pasajeros, se efectuará mediante licitación pública guardando las normas que puntualiza la presente Ordenanza y demás legislación vigente que no alteren su finalidad.-

 

Por otro lado, no sólo no Licitaron, tampoco dieron publicidad mediante en el Boletín Oficial sobre el “convenio firmado” entre el intendente y la nuevita empresa de transporte, muchos menos tuvo conocimiento o participación el Concejo Deliberante, habida cuenta que no hubo licitaciones, pero si existió un eventual contrato de transporte público de pasajeros para la ciudad.-

 

Bajo esa perspectiva, La licitación pública es, en la legislación argentina (Nacional, Provincial o Municipal), el procedimiento de principio para la contratación en la administración pública. Así lo establecen la ley de obras públicas 13.0642 (Modificada por el Decretos 1023/01; ley 25.563, decretos 666/03 y 204/04, etc) y el reglamento de contrataciones del Estado. Para el derecho positivo la licitación es de principio y sólo se puede hacer dispensa de ella por expresa previsión legal; Cuando es requerida por la norma, es requisito de existencia de la contratación. Así, la Corte Suprema sostuvo que “la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para la conclusión de un determinado contrato, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia.” (Mas Consultores, Fallos, 323:1515, 2000.) La Corte refiere, así, a la categoría del acto inexistente como sanción frente a la contratación sin licitación pública.-

 

Por ello, lo fundamental no es el cumplimiento de la forma, sino de la sustancia: Publicidad adecuada, máxima concurrencia de ofertas, mejor comparación, precio y oferta más conveniente, equilibrio contractual, precios razonables de mercado, control público, etc. Conviene tener presente el orden jerárquico de las normas y principios jurídicos (v. gr. constitucional y supraconstitucional de razonabilidad), que no debe estar ausente del análisis de una norma licitatoria también los principios supraconstitucionales de publicidad o transparencia, equidad y eficiencia. En este último aspecto, pues, la contratación pública en general y dentro de ella la licitación pública es un procedimiento administrativo que va recibiendo progresivas normas y principios supranacionales (la eficiencia y justicia para los usuarios) que son derecho federal interno, obligatorio para las jurisdicciones provinciales y municipales. Están dados en garantía del interés público, de las partes contratantes y de los usuarios y consumidores afectados por el gasto del erario público y los efectos frente a terceros que el contrato pueda tener, creando una serie de redes contractuales.-

 

Un tercer paso en esta evolución viene dado por la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), que agrega tres principios de carácter supralegal y supranacional a satisfacer en el procedimiento de contratación: Uno se refiere al procedimiento formal, que debe ser público o transparente y dos se refieren al resultado material obtenido, que debe ser equitativo o justo y eficiente.-

 

Hagamos memoria, mediante el DECRETO Nº 077 MCO/2015, de fecha 30 de Diciembre de 2015, se llamó a la Licitación Pública Nº 06/15 para la Contratación del Transporte públicos de pasajeros, cuya apertura estaba prevista para el 28 de Enero de 2016 (Publicado en el Boletín Oficial Nº 131, 20 de Enero 2016) y como es de público conocimiento no tuvo éxito. Ésta fue la última Licitación que existió.-

 

Ahora bien, que dice la ORDENANZA Nº 2173/96. ARTÍCULO 144º: Cuando la ausencia de oferentes o la anulación de propuestas hicieran que se declarara la nulidad de la Licitación el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a un nuevo llamado dentro de los treinta (30) días siguientes.-

Posterior al último llamado a Licitación (30/12/15), la Municipalidad no llamó nunca más a otra Licitación Pública como lo tutela el art. 144º precedente y sus normativas concordantes.-

 

En definitiva, el intendente rubrica convenios transgrediendo las leyes, habida cuenta que dicha empresa ni estaba si quiera inscripta y registrada en AFIP, ni tenía CUIT –CUIL, mucho menos tiene la habilitación como tal por parte del Municipio de Comodoro Rivadavia, ni del Consejo Provincial de Seguridad Vial ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública de Chubut, entre otras instituciones y trámites legales que el Intendente Prades debió observar antes de firmar dicho convenio.-

 

En síntesis, no cumplía las formalidades imprescindibles para que se firme un convenio.-

 

¿Sabrá Prades que en Comodoro Rivadavia existe la ORDENANZA Nº 3681/91 RÉGIMEN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS COMODORO RIVADAVIA y sus modificatorias ORD-5733-95; ORD-7630-02; ORD-7860-03; ORD-3691-91; ORD-3681-1-00; ORD-3681-3-02, lo pregunto, porque antes de firmar ese convenio, la empresa MAXIA S.R.L. debía haber cumplimentado las normativas descriptas en éstas Ordenanzas, como también haber cumplimentado los pasos legales que estipulan muchos otros procesos.-

 

¿Qué debió tener presente el intendente?: * Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, *Poder que acredite la representación de la empresa y Documentos legales, *Permisos y habilitaciones para efectuar transporte de pasajeros,* Constancia de inscripción en la AFIP donde figure el código de actividad,* Declaración Jurada de los propietarios como de la nómina de personal,* Detalle de la categoría laboral de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo, firmada por el responsable,* Títulos de propiedad de los vehículos,* Constancia de cobertura o póliza de seguro vigente,* Certificado de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente y certificada, entre otras más.-

 

Por otro lado, los rodados (unidades/colectivos) deben estar en condiciones según lo estipula la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, debiéndose ajustar además a las normas de seguridad establecidas en la misma Ley.-

 

Además, el intendente Prades debió observar que dicha empresa tenía que tener en su poder: El acuse de recibo de la presentación efectuada; La habilitación municipal o autorización municipal equivalente de Comodoro Rivadavia, cuando la actividad se ejecute en inmuebles que requieran de la misma; La impresión de la "aceptación del trámite" y un sinfín de documentaciones más RUBRICADAS y/o SELLADAS por órganos jurisdiccionales competentes. En el caso, ésta empresa no los tenía.-

 

En todos los supuestos MAXIA SRL debía a fin de poder efectuar la evaluación pertinente y demostrar ante el intendente su debida solvencia, teniendo en cuenta las prestaciones a cargo, haber adjuntando al momento de firmar convenio original o copia certificada de la documentación respaldatoria, esto es: formulario de declaración jurada Nº 420/J generado por la AFIP.-

No surge, naturalmente que haya tenido la Declaración Jurada, en base a que no tenía ni siquiera la Clave Fiscal, ni había presentado documentación alguna ante la AFIP, por consiguiente es imposible que la AFIP le haya aprobado tal declaración Jurada.-

 

La AFIP, nos indica que las “Sociedades en Formación” (como MAXIA SRL), deben cumplimentar, entre otras cosas, la Resolución General DGI N° 3928/1995, la cual dice: PROCEDIMIENTO. Sistema de acreditación de inscripción. Tarjetas identificatorias de contribuyentes y/o responsables. Constancias provisionales. Su implementación.-

En el caso, la empresa MAXIA SRL al momento de firmar convenio con el intendente Prades, no cumplía con tales requisitos, habida cuenta que recién se inscribió en fecha 9 de enero 2017.-

 

Partamos de la base, que Prades firma convenio solamente con personas físicas quienes tendrían una eventual empresa de transporte de pasajeros, porque ni la Clave Fiscal tenían al momento de rubricar dicho acuerdo y ni si quiera aún eran una Sociedad en Formación reconocida como tal por la AFIP , solamente eran personas sin documentos.-

Cabe resaltar que, de acuerdo al MANUAL DEL USUARIO DE INSCRIPCION DE PERSONAS JURIDICAS EN LA AFIP: CIRCUITO PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCION, el mismo reza:

1º El recurrente/remitente debe ingresar en el SIAP su número de CUIT y datos personales.

2º Ingresar en el aplicativo “Módulo de Inscripción de Personas Jurídicas”.

2º Completar los siguientes datos de la sociedad:

• Datos identificatorios: denominación social y otros datos y domicilio legal

• Integrantes: autoridades y socios

• Datos comerciales: datos de interés fiscal, actividades y domicilio fiscal

 

Estos pasos son para los que ya tienen el CUIT, y la “empresa” MAXIA SRL, ni siquiera lo tenía, por consiguiente, no sólo no era una empresa como tal, no era siquiera una Sociedad en Formación al momento de firmar el convenio.-

 

¿Qué firmó y con quiénes?, será algo que deba rendir cuentas el intendente Prades, ya que esta maniobra, lo que menos tiene es transparencia.-

 

Que nos reza la Ordenanza Nº 2173/96 de Caleta Olivia:

 

ARTÍCULO 2º.- Los medios de Transporte Público en la jurisdicción de la Municipalidad de Caleta Olivia, se discriminarán de acuerdo a la siguiente clasificación: a) Transporte Colectivo de pasajeros…

 

ARTÍCULO 11º : Las solicitudes de permiso para poseer vehículos, afectados al servicio de transporte en las modalidades descriptas en los Artículos 2º y 3º, deberán formularse ante la municipalidad, debiendo los interesados cumplimentar los siguientes requisitos: a)- Solicitud del permiso en papel sellado, según lo indicado en la Ordenanza tarifaria y acreditación del pago de todas y cada uno de los aranceles correspondientes.- b)- Certificado Policial, de antecedentes personales del solicitante.- c)- Presentación del documento del automotor, que acredite la propiedad del vehículo.- d)- Consignar si el automotor es de propiedad exclusiva o se halla en condominio, en cuyo caso se consignarán los datos del copropietario.- e)- Presentación del registro de conductor, en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza de Tránsito.- f)- Presentación de libreta sanitaria actualizada.- g)- Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Santa Cruz.- h)- Constancia de inscripción en la Dirección General Impositiva.- i)- Constancia de inscripción Previsional como trabajador autónomo.- j)- Constancia de Libre Deuda Municipal.- k)- Presentación, sin excepción, de patentamiento en la Municipalidad local.- l)- Presentación de póliza de seguro contra terceros, transportados y no transportados, daños materiales y/o corporales sin límite, seguro éste que incluirá el obligatorio a nivel Nacional.- ll)- Certificado de inspección mecánica y desinfección de cada vehículo, expedido por la Dirección de Tránsito y Transporte. m)- En caso de ser extranjero, comprobante de la legalidad de su permanencia en el País.- n) El solicitante deberá presentar Certificado de residencia, en la Ciudad de Caleta Olivia, el que no podrá ser inferior a 3 (tres) años, debiendo acreditarlo además con el cambio de domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad.- ñ) Formulario de declaración jurada de contratación y vigencia de seguro.-

 

Los Seguros que menciona el ARTÍCULO 13º de la Ordenanza de rito.-

 

Vaya que hay normas legales para respetar, habría que avisarle al intendente Prades que las lea, y si las leyó, entonces que no las quebrante como lo viene haciendo.-

 

ORDENANZA Nº 2173/96. ARTÍCULO 1º.- “…La aplicación de esta Ordenanza y el control del Servicio de Transporte Público, (…), y toda otra forma de transporte de pasajeros y/o carga es de exclusiva competencia del Departamento Ejecutivo Municipal, y su fiscalización estará a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Caleta Olivia…”.-

 

No se fiscalizó nada y se firmaron documentos sin que exista control. Lo más grave que nadie tiene conocimiento del acuerdo firmado.-

 

Se debe dar mayor publicidad y transparencia a los procesos, más si se trata de un servicio que es esencial para nuestra Ciudad e involucra trasladar a personas.-

Lo que realizó Prades, fue una decisión unilateral, incumpliendo las normas legales vigentes y una falta absoluta de responsabilidad en sus funciones y deberes como funcionario público.-

 

En suma, el intendente firmó documentos con personas que no tenían la documentación legal y fiscal necesaria para considerarse una “empresa de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros”, favoreciendo indebidamente a la empresa Transporte.-

 

En la búsqueda de mayor transparencia, mejor administración y control, en vista de las pruebas y antecedentes expuestos, es motivo suficiente, para iniciar acciones penales y administrativas en contra del intendente, solicitando además que sea declarada nula la Contratación y/o el Convenio rubricado.-

 

JUAN IGNACIO PARADISO

Ciudadano argentino – Caleta Olivia

Como es de público conocimiento, el presidente Mauricio Macri dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU Nº 52/2017 modificar los Feriados Nacionales.-

 

Ahora bien, nuestros gobernantes en Santa Cruz Provincial y Municipal deben Decretar la inamovilidad del feriado por Malvinas (2 de abril) y por el Día de la Bandera (20 de junio), y no permitir que éstas fechas sean trasladables.-

 

No podemos permitir que muevan el 2 de abril como un feriado comercial. Hacerlo, es desconocer a nuestros 649 héroes que dejaron su vida y a los otros miles de hombres que dieron todo por su Patria, en defensa de nuestra soberanía.-

 

 

Tampoco debemos permitir el daño simbólico y la irrespetuosidad hacia nuestro Pabellón Nacional que representaría el nuevo calendario de jornadas conmemorativas.-

 

¿Acaso se olvidan de la jura de los miembros de las FFAA ?: “Ante el Pueblo de la Nación, ante vuestro superior y ante Dios nuestro Señor ¿Juráis a la Patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida? SÍ, JURO!”.-

 

¿Acaso se olvidan de la jura de Lealtad a la Bandera que hacen los alumnos? momento muy emotivo porque refleja el amor, lealtad y fidelidad a la Patria y el respeto a la Bandera. La directora o director leen el discurso de Manuel Belgrano y los alumnos responden: "SÍ, PROMETO!".-

 

El juramento a la Bandera Argentina que hizo Manuel Belgrano fue: “Hasta este punto hemos tenido la gloria de vestir los símbolos nacionales que nuestro Gobierno ha designado; para defenderlo, nuestras armas aumentarán las suyas, juremos vencer a nuestros enemigos, exteriores e interiores; haciendo de América del sur el templo de la Independencia, de la libertad y de la unión. En fe de que así suceda, juradlo y decid conmigo: Viva la Patria”.-

 

Por lo expuesto en el presente comunicado, solicito respetuosamente a la Sra. Gobernadora Alicia Margarita Kirchner y al Sr. Intendente de Caleta Olivia Facundo Prades que Decreten juntos o por separados que sea "inamovible" el feriado por el Día de la Bandera.-

 

Que dice el CONSIDERANDO del DNU Nº 52/2017: Que es necesario destacar que los feriados nacionales apuntan a conmemorar y concientizar sobre determinadas fechas que tienen relevancia histórica para el país, por lo que no debe perderse ese norte diluyendo su significado simbólico. Que resulta necesario reformular el actual régimen, eliminando los feriados con fines turísticos y trasladando todos los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles al día lunes anterior, y los que coincidan con días jueves y viernes al día lunes siguiente, exceptuando necesariamente algunos feriados que por su significado histórico, o por tratarse de fechas religiosas o internacionalmente reconocidas, resulta inconveniente trasladar.(Decreto Nº 52/2017, Páginas 1 y 2 Boletín Oficial República Argentina, Buenos Aires, 20/01/2017).-

 

Falta de criterio y sentido común. Cuando observamos los considerandos del DNU que modifica el régimen de feriados, se habla de que deben preservarse aquellas fechas que tienen una trascendencia para el país. Pero en este caso, Malvinas y nuestro Pabellón Nacional no adquirirían este rango.-

 

Incongruencia total, que se exceptúa el Carnaval quedando “inamovible” mientras que los días por Malvinas y la Bandera Nacional se podrán trasladar.-

 

Prometían "respeto a las instituciones" y "seguridad jurídica" pero se mueven a decretazos resquebrajando el republicanismo. Olvidarse de nuestra historia, de los 649 héroes que dieron su vida por Malvinas, de nuestros símbolos Patrios Nacionales donde a lo largo de toda nuestra historia han dejado su vida por la bandera cientos de miles de hombres y mujeres, para supuestamente beneficiar al comercio o el turismo por 24 hs. es un total absurdo y una falta de respeto a nuestros próceres, instituciones y a todos los argentinos, eso es no sentir amor por la Patria. Si el sistema económico es deficitario, siendo feriado o no, en nada ayudará a los comercios. La productividad depende más de la eficiencia con que se realiza el trabajo que con el tiempo utilizado para realizarlo.-

 

Por otro lado si la economía de una empresa depende de un par de feriados al año su salud financiera tampoco está muy sana que digamos. Casi todos los países desarrollados entendieron que el ocio (bien entendido) genera consumo en todos los rubros, más allá que sean vacaciones o feriados, impulsando la producción y el trabajo.-

 

Un presidente que vive de retiros espirituales (41 días de vacaciones, sumadas a las que se tomará ahora en Chapadmalal), que tiene una gobernadora en Cancún mientras tenía inundados en su provincia, nos quiere hacer creer que el problema de este país es que los trabajadores gozan de demasiados feriados.-

 

Por otro lado, en el año 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en la causa “Consumidores Argentinos c/ EN –PEN- Dto. 558/02 –ley 20.091 s/ amparo ley 16.986”, advirtió que los DNU no pueden utilizarse para sortear la prolongación del trámite legislativo.-

 

Se debe elaborar un Decreto que restituya la inamovilidad de los feriados 2 de abril  y 20 de junio en toda Santa Cruz, en su defecto, en especial pedido al intendente de Caleta Olivia.-

 

Por último, finalizo con algo especial que debieran saber, En el Patio de Honor del Colegio Militar hay tres palabras en el vitraux del cielo raso y rezan: “VALOR, GLORIA Y HONOR”, no dice competitividad productiva, comercios, turismo, dice "VALOR, GLORIA Y HONOR”. Esto es lo que hay que recomponer, no mancillar aún más el Honor de los hombres de nuestras FFAA y de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida a los largo de nuestra historia.-

 

JUAN IGNACIO PARADISO

Ciudadano argentino – Caleta Olivia